Un total de 1.119 firmas ha invocado la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, vigente desde octubre de 2014. El 9% de ellas reorganizó su negocio. Procesos de liquidación de empresas crecieron 131% en 2016, sumando 701. En el caso de personas, quiebras aumentaron 300% con deuda promedio de $ 25 millones.

91% de empresas que se acogieron a nueva ley de insolvencia terminó liquidando sus bienes

El éxito y el fracaso en el mundo de los negocios, así como en las finanzas personales, es una condición inherente a la economía de mercado, lo que no significa que no existan herramientas que permitan suavizar esa a veces dura realidad.

Es este concepto el que motivó la creación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), institución que opera desde octubre de 2014 y que a la fecha ha acogido 4.514 trámites de deudores, tanto de empresas como de personas.
Tomando la perspectiva de las compañías, desde que comenzó a operar la Ley 20.720 (ex ley de quiebras), un total de 1.119 empresas se han acogido a los procedimientos liderados por la Superir. Entre estas, destaca que un 91% se ha acogido al proceso de liquidación de bienes, mientras que el restante 9% logró reorganizar su deuda al acreditar su viabilidad financiera.

En este sentido, el superintendente de la Superir, Hugo Sánchez, explicó que “gracias a las reorganizaciones celebradas a la fecha, más de 103 empresas a nivel país han continuado sus actividades, permitiendo que los trabajadores mantengan su empleo”. La autoridad agregó que “lo anterior es alentador, sobre todo si comparamos las estadísticas de la nueva ley con las de la normativa anterior, donde solo se registraba un promedio anual de 11 convenios”.

Desde la perspectiva de los sectores económicos, un 23% del total de empresas liquidadas correspondió a firmas de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, seguido por el 21% de empresas de comercio al por mayor y al por menor. En 2016, 701 compañías se acogieron a la liquidación de sus bienes con la Superir, un incremento de 131% respecto del año anterior.

En el caso de la reorganización de la deuda empresarial, los procedimientos aumentaron 17,8% (sumando 53 casos en 2016). Aquí, el sector que predominó fue el comercio (25%), mientras que las empresas de la construcción alcanzaron un 23% del total.

Así, en total los procedimientos para las empresas (reorganización y liquidación) crecieron un 116%, sumando 754 casos.
Consultado respecto de si esta alza de las quiebras se explica en parte por la desaceleración del crecimiento económico, Sánchez aseguró que ello se explica más bien por el mayor conocimiento de la normativa y los beneficios que ésta contempla. “Con la antigua ley de quiebras se declaraban en promedio 143 quiebras anuales, aun cuando teníamos anualmente más de 2.000 empresas con problemas de liquidez”, dijo.

Así, la autoridad planteó que durante los dos primeros años de funcionamiento de la nueva ley se ha evitado el cierre informal de las empresas, es decir, que simplemente dejen de operar. “La antigua ley de quiebras internalizaba una mirada estigmatizadora, partiendo de la base que consideraba al insolvente como ‘fallido’. Hoy, es necesario tender a mirar la liquidación como una vía para el reemprendimiento y como la oportunidad de cerrar una etapa para comenzar un nuevo proyecto con más experiencia”, recalcó.

De hecho, esta mirada fue la que primó a la hora de redefinir la institucionalidad de quiebras, motivo por el cual pasó a formar parte del Ministerio de Economía, y se enfatizó el rol de la reorganización. Anteriormente, el proceso estaba enmarcado en el ámbito jurídico, al alero de la cartera de Justicia, donde un síndico llevaba adelante el proceso ante tribunales.

De todas maneras, autoridades que impulsaron el cambio en la normativa durante el gobierno anterior afirmaron que más allá del desconocimiento de la nueva ley, la desaceleración económica podría estar detrás del relevante aumento en los procesos de reorganización y liquidación de bienes en las empresas (ver página 4).

En ese sentido, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, coincide respecto del impacto que genera la menor actividad económica en el alza de los procedimientos de la Superir, y sostuvo que “claramente a tasas de crecimiento del 1,5% las pymes son las más afectadas, porque tienen menos espaldas y menos acceso al financiamiento bancario, por lo cual se les hace difícil pasar períodos tan prolongados de desaceleración”.

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Competitividad

Con todo, más allá del número de procedimientos, la nueva ley se implementó para corregir graves problemas de competitividad de la economía, algo que se ha ido logrando los últimos años, según queda de manifiesto en el informe Doing Business 2017 del Banco Mundial (BM). Dicho documento ubicó a Chile en el puesto 57 en el ranking de países -muy por sobre el puesto 74 que lograba en 2014 – determinado por el costo del procedimiento de quiebra, el tiempo que demora y el porcentaje de la deuda que logra recuperar el acreedor. A nivel regional, el país se ubicó detrás de México (30) y Colombia (33).

Midiendo la dimensión del tiempo, el organismo internacional indicó que en Chile el proceso de liquidación de bienes demora 3,2 años, que si bien es menor a los cinco años que se calculaba cuando operaba la antigua normativa, está lejos del promedio de demora observado en la Ocde, de 1,7 años. Mientras, en el país mejor evaluado en esta materia, Finlandia, el proceso de liquidación de activos demora menos de un año.

Respecto del costo del procedimiento, considerado como el porcentaje del valor de los bienes del deudor, el BM calculó que en Chile alcanza un 14,5%, mientras que en Finlandia el organismo informó que las costas judiciales y las tasas gubernamentales, los honorarios de los administradores, subastadores, asesores y abogados, entre otros, cuesta un 3,5%.

Finalmente, mirando la “tasa de recuperación”, que considera los centavos por dólar recuperados por los acreedores garantizados a través de los procedimientos, se señaló que en Chile se recuperan 33,5 centavos de cada dólar provisto por los acreedores. En tanto, en Finlandia se recuperan 90,3 centavos por cada dólar.

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Deuda de las personas

Si bien existe una serie de reportes respecto de la morosidad de la deuda de los chilenos, la superintendencia es la única institución que da a conocer la deuda consolidada, es decir, el total de lo adeudado.

Así, la Superir informó que la deuda promedio renegociada de las personas naturales entre octubre de 2014 y el cierre de 2016 es de $ 25.474.069, monto que considera créditos hipotecarios, de consumo, tarjetas bancarias, de retail y créditos sociales. En este caso, se observa que la deuda de las mujeres es un 24% menor a la de los hombres, y que en ambos la deuda se agrupa en mayor medida en las personas entre 30 y 44 años (casi 50% del total).

Por otra parte, el desglose de las cifras revela que según el tramo de ingresos, las personas con un sueldo mensual entre $ 250.000 y $ 500.000 acumulan una deuda promedio de $ 15.906.416, totalizando un 33% de las personas que se acogen al procedimiento de renegociación. En orden de relevancia, el siguiente segmento son las personas que generan ingresos menores a $ 250.000, con una deuda promedio de $ 11.357.075

Medido de acuerdo a su situación laboral, un 83% de los hombres endeudados se desempeña como trabajador dependiente, mientras que en las mujeres alcanza un 71%. En tanto, el grupo más endeudado en mujeres son las estudiantes, llegando a $ 33,4 millones promedio. En el caso de hombres son los trabajadores independientes, con $ 47,3 millones promedio.

En el registro de liquidación de bienes de personas naturales, solo en 2016 se realizaron 1.175 procesos, un alza de 318% respecto a 2015. Del total de quienes se acogen a este procedimiento, un 57% pasó a renegociación y un 43%, a liquidación de bienes.