Fiscalía monitorea emergente forma de estafa: declararse en quiebra previo traspaso de bienes


Las penas que arriesgan quienes incurren en esta conducta parten en los 61 días y llegan hasta los cinco años de reclusión, dependiendo del monto comprometido en la operación, explican desde el Ministerio Público. 

Tenía un terreno en Pucón y un departamento en Viña del Mar. Vendió por $10 millones el primero y por $30 millones el segundo. Los compradores: su hermana y un primo. Los negocios se cerraron un año antes de que decidiera declararse en quiebra, bajo las exigencias de la nueva Ley N° 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento. Cuando se inició el proceso para pagar a sus acreedores, solo aparecía a su nombre un automóvil. Por un problema en la inscripción, la propiedad de la Región de Valparaíso aún figuraba a nombre del deudor. El liquidador la detectó, y dispuso su incautación…

La operación fraudulenta de traspaso de bienes previo a la declaración de quiebra que permite esta normativa, que entró en vigencia en 2014, es un fenómeno que la fiscalía comenzó a monitorear tanto respecto de las personas naturales como de las jurídicas. Aunque con especial énfasis en los particulares.

Todavía no hay cifras consolidadas de investigaciones de este tipo, dado lo reciente de la ley. Tampoco juicios orales. Sin embargo, en Santiago, el próximo 5 de enero, la Fiscalía Centro Norte formalizará una causa.

Sin ánimo de alarmar, el fiscal de Delitos Económicos, Víctor Vidal, explica que “hay personas que se han visto tentadas a cometer un fraude en estos procesos. No es un foco delictual, se han hecho miles y han resultado bien, pero como en toda actividad, no falta la persona que encuentra la oportunidad y comete un fraude. A mí me han llegado cuatro causas, por ejemplo”.

No son, hasta ahora, fraudes de gran envergadura, dice el investigador, aunque de inmediato aclara que la posición de la fiscalía es formalizar, si corresponde, y dar una señal. “Si usted incurre en esta conducta, comete un delito”, apunta.

Las penas son las mismas que para quien comete una estafa, desde 61 días y hasta cinco años de cárcel, dependiendo del monto comprometido, precisa Vidal. Si la persona no tiene antecedentes penales, por una parte, se le formularán cargos para que el delito no quede en la impunidad y, por otra, se promoverán formas de término, eventualmente salidas alternativas, que permitan la reparación del mal causado. Ese es el objetivo, dice el fiscal Vidal.

Advierte, no obstante, y hace hincapié en que la salida alternativa solo estará disponible si se trata de una conducta puntual y el imputado cumple con las exigencias que la ley impone para acceder a esta, y no, por ejemplo, si el caso es contra una persona con antecedentes en el sistema judicial.

Seguimiento

Desde el Ministerio Público, a nivel nacional, el fenómeno se observa con atención, en particular los casos que involucran a personas naturales, y se está trabajando en coordinación con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en relación con los delitos concursales.

José Luis Cortés, abogado asesor de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos y otros (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional, afirma: “Hemos estado preocupados de ciertos fenómenos que hemos ido observando, y uno de los fenómenos que nos ha surgido tiene que ver con las posibilidades de la comisión de delitos concursales en el contexto de los procedimientos de liquidación o de reorganización, en que hemos estado observando específicamente a las personas naturales”.

Como aumentó el uso de estos procesos, también lo hizo el abuso, dice el profesional, y lo que “hemos estado haciendo, en coordinación con la Superintendencia de Insolvencia, es precisamente tratar de monitorear algunos de estos casos de abuso, con el objeto de estar atentos al fenómeno y que estos casos lleguen al mejor puerto posible, en el sentido de que se satisfagan no solo los intereses que puedan tener los acreedores, sino que también el sistema”.

¿Qué estrategia se trabaja a nivel país para estos casos? El abogado Cortés responde que el análisis es caso a caso, y aunque las salidas alternativas son “una opción atendida la penalidad, estamos mirando que estas salidas no solo miren al interés particular involucrado (acreedores), sino que también atiendan al daño que se le hace al sistema”.

Por ejemplo, quien distrajo algún bien, lo ocultó, impidiendo que los acreedores se pagaran con él, debe reintegrarlo como punto de partida, cuenta. Y en otros casos también se ha trabajado apuntando a que la extinción de la deuda total no se produzca al final del proceso concursal.

”Hay personas que se han visto tentadas a cometer un fraude en estos procesos. No es un foco delictual, se han hecho miles y han resultado bien, pero como en toda
actividad, no falta la persona que encuentra la oportunidad y comete un delito”.
VÍCTOR VIDAL FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS DE LA FISCALÍA METROPOLITANA CENTRO NORTE